El Gobierno anunció la privatización de AySa, una de las ocho empresas habilitadas para ese fin en la Ley Bases. En cambio, el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas -empresa que no figuraba en ese listado- lleva más de nueve meses dictaminado pero sin lograr avanzar en Diputados. Es una de las leyes que el Ejecutivo reclama y con las que espera avanzar cuando se renueven las bancas del Congreso.
En octubre del año pasado, un plenario de las comisiones de Transporte y de Presupuesto -que presiden la radical Pamela Verasay y el libertario José Luis Espert- dictaminó el proyecto de Hernán Lombardi (PRO) que declara a la empresa “sujeta a privatización” y autoriza al Poder Ejecutivo a “establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento”.
Ese texto cosechó 35 firmas entre La Libertad Avanza, el PRO y parte de la UCR. Pero se presentaron otros tres despachos de minoría: de Unión por la Patria (UP); de Encuentro Federal y Democracia para Siempre; y del Frente de Izquierda.
UP y la Izquierda se niegan por completo. Los bloques del medio plantearon una privatización controlada: que el 49% de la empresa se privatice, pero que el paquete mayoritario (51%) siga en manos del Estado y el gerenciamiento quede a cargo del privado. A su vez plantea que si el Gobierno decide vender su participación en Aerolíneas o cerrar sus operaciones, eso debe ser autorizado por el Congreso.
Así las cosas el proyecto nunca llegó al recinto. “El momento es una definición del gobierno y entiendo que dependerá de cuando disponga de los consensos necesarios“, aseguró Verasay, quien había dirigido el debate en comisiones, a Clarín.
Lo cierto es que en las bancadas dialoguistas señalan que desde el Ejecutivo no se ocuparon de propiciar el diálogo y buscar los consensos para que la iniciativa avance.
Sin embargo, la semana pasada, el vocero presidencial Manuel Adorni reclamó por este proyecto y consideró que Aerolíneas es “una empresa estatal que en los últimos 17 años registró una pérdida operativa anual promedio de 400 millones de dólares y generó una casta aeronáutica que en el último año hizo innumerable cantidad de paros con todo lo que eso conlleva para el ciudadano común”.
Adorni hizo esos comentarios en el marco de una crítica generalizada al Congreso en la que señaló que “hasta el momento numerosos diputados y senadores se dedicaron a obstaculizar el rumbo del Gobierno” y les advirtió: “Faltan solo algunos meses para que se renueven las bancas en el Congreso, tienen la última chance de trabajar por la libertad de los argentinos. De lo contrario, sólo serán recordados como un obstáculo en el camino de la Argentina hacia la grandeza”.
Además de Aerolíneas, hay otros textos impulsados por el Ejecutivo que tienen dictamen pero no consiguen llegar al recinto. Entre ellos, la actualización del Código Penal para modificar el derecho a la legítima defensa; el Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años.
Sin siquiera haber iniciado el debate en comisiones se encuentran otras iniciativas anunciadas con bombos y platillos por el oficialismo. Entre ellas, “Ley de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, más conocida como la ley para que la gente saque los dólares del colchón; la ley de Seguridad Interior; la varias veces anunciada Ley Hojarasca (que deroga normas obsoletas); y la Ley Orgánica de Partidos Políticos que busca modificar el financiamiento.
