Sólo dos semanas separaron un fallo del otro. En primer término, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia condenatoria de la Ruta del Dinero K, un circuito de lavado de activos por 55 millones de dólares. Después llegó la sentencia que explicó porqué se le daba cumplimiento efectivo al caso Vialidad, donde la maniobra defraudatoria se determinó en 537 millones de dólares. Los decomisos en ambos expedientes tramitan casi en simultáneo, con algunos acusados como común denominador, pero con una diferencia sustancial.
Los principales responsables de los delitos cometidos en estos dos expedientes se encuentran presos. Lázaro Báez regresó a la cárcel (estaba bajo arresto domiciliario en El Calafate) y en la unificación de la pena -que debe revisarse por orden de la Cámara de Casación-, se le habían dado quince años de prisión. Hasta ahora, se encuentra alojado en la U15 de la ciudad de Río Gallegos, dependiente del Servicio Penitenciario Federal.
A 2.800 kilómetros de esa prisión, Cristina Kirchner cumple la condena por corrupción del caso Vialidad bajo la modalidad de prisión domiciliaria. De las 25 propiedades que posee la familia, eligió el departamento de más de 100 metros cuadrados ubicado en el barrio porteño de Monserrat.
La expresidenta y Lázaro Báez afrontarán en esta etapa otra instancia correspondiente a la ejecución de la pena: los respectivos decomisos, que en el caso del dueño del Grupo Austral tienen puntos en común.
El desafío no es menor. Como coinciden varios jueces y fiscales federales, no hay en nuestro país “una cultura del decomiso”.
Un juez de larga trayectoria señaló: “históricamente, en el derecho penal lo más importante era la pena de prisión. Sin embargo, en los últimos diez años, el derecho no se focaliza solamente en que una persona vaya a la cárcel, sino también en otros dos puntos: la sanción a las personas jurídicas y que el dinero mal habido vuelva al Estado”.
El problema está en que ese recupero está pensado para el final del proceso, “cuando ya no encontrás nada o hay muchos embargos trabados”, explicó un integrante del del Ministerio Público Fiscal. Por eso con la reforma del Código Penal se busca que los decomisos sean anticipados, al comienzo del proceso penal.
Las condenas a Lázaro Báez: multa y decomiso
La primera condena contra el ex socio comercial de Cristina Kirchner la dictó el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) por el delito de lavado de dinero agravado por la habitualidad, al dar por corroboradas las operaciones entre 2010 y 2013, en las que se blanquearon 55 millones de dólares.
Cuando la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios, también se otorgó firmeza a las multas impuestas, que oscilan entre seis y dos veces el monto de las operaciones (de 109.600.000 dólares a 328.800.000 dólares) y el decomiso de activos por valor equivalente a 55 millones de dólares.
En este caso puntual, la justicia avanza en el recupero de aquellos bienes que fueron producto de las operaciones de lavado de dinero.
En el marco de estas operaciones hay otros números: durante el período en el que las maniobras de blanqueo se concretaron, Báez adquirió 1.412 propiedades, que a 2016 se le adjudicaron un valor de U$S 205 millones.
El movimiento de dinero, la compra compulsiva de bienes muebles e inmuebles, representó -entre 2004 y 2015- que el patrimonio del ex socio comercial de Cristina Kirchner, se incremente en un 12.127%, mientras que el de Austral Construcciones creció un 45.313%.
Justamente, sobre ese acervo patrimonial irá el juez Néstor Costabel, que ejecuta la pena de la Ruta del Dinero K. “En el decomiso de la causa por lavado de dinero lo que se recupera son bienes que fueron producto del delito, es decir aquello que se identificó como parte de las maniobras de blanqueo”, explicó una fuente judicial a Clarín.
También “se va por aquello que fue vehículo para cometer el lavado”. El ejemplo concreto de este expediente es Austral Construcciones: sin la firma no se habrían lavado los U$S 55 millones, por eso también parte de la ejecución de bienes incluye todo lo que está escriturado a nombre de la compañía, al igual que sus acciones.
¿Qué pasa en el caso Vialidad?
La diferencia en el caso Vialidad, es que el reclamo directo por parte del juez Jorge Gorini, responsable de hacer efectivo el cumplimiento de la condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, es que los nueve condenados -encabezados por Cristina Kirchner-, depositen la suma de U$S 537 millones. El plazo para hacerlo vence el 13 de agosto.
“En ese caso el mensaje es otro: se le reclama a quienes defraudaron al Estado, mal utilizaron el erario público para un interés personal por sobre el resguardo de lo público, que devuelvan lo robado”, consignó una fuente judicial a Clarín.
Cuando el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) exigió a la ex Presidenta, a Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y demás acusados que depositen el dinero correspondiente al decomiso actualizado por los peritos contables de la Corte, se explicó que esa cifra es “consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”.
En este expediente no se investigaron bienes adquiridos con el dinero que de forma irregular se otorgó a Lázaro Báez a través de los 51 procesos licitatorios. En otras palabras, señaló un funcionario judicial de Comodoro Py, “se les exige la devolución de lo robado. Si no depositan los 537 millones de dólares entonces se avanza con la ejecución de bienes, pero acá no se buscan bienes inicialmente sino recuperar lo que le robaron al Estado. Si el 13 de agosto no se depositó lo exigido, se iniciará el proceso siguiente, que es ejecutar todo aquello que les fue embargado a los imputados”.
Aquello que se recupera como resultado del decomiso no queda en manos de la Justicia. Si es dinero va a una cuenta oficial que por orden judicial se abre en el Banco Nación. Respecto de los bienes, se pueden disponer algunos -como vehículos en buen estado- para que sean utilizados por integrantes del Poder judicial, pero mayoritariamente quedan bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Bajo este mismo criterio, un magistrado de Comodoro Py añadió que la finalidad del decomiso en una causa por administración fraudulenta, como Vialidad, es “que vuelva a manos del Estado defraudado para que pueda cumplir con sus funciones básicas, para que sea bien utilizado para brindar servicios de educación, salud, seguridad y justicia“.
Sin embargo, sea por lavado de dinero o por administración fraudulenta, lo importante es que “hablás de decomiso, hablas de la devolución del dinero mal habido. Por el delito que fuera. Sea por defraudación, sea por lavado, sea por narcotráfico, sea por una evasión tributaria. En ese punto, el denominador común es la necesidad de que el dinero mal habido, bajo cualquier concepto, por cualquier delito, vuelva al Estado”.
Como contó Clarín, la AABE cuenta con más de 40.000 bienes y 285 son producto de decomisos ordenados en causas de corrupción, narcotráfico y lavado de activos.
