Este miércoles no fue un buen día para la caja judicial del Estado. Una ventanilla se quedó esperando un pago que nunca llegó: el de Cristina Kirchner, que debía devolver lo que la justicia determinó que se robó con la obra pública en Santa Cruz.
Y otra ventanilla tuvo que hacer un pago inesperado: depositarle 11.000 dólares al Concheto Alvarez, un asesino múltiple condenado a perpetua que recibió la noticia en su celda especial de la cárcel de Devoto, donde está aislado porque los otros presos lo quieren matar.
Cristina no pagó porque dice que no tiene la plata que le piden, que esa plata no corresponde porque están mal sacadas las cuentas, que si tiene que pagar algo corresponde hacerlo en otro fuero y, de paso, que todo lo que ella y su familia tienen es legítimo.
Para este último punto es un poco tarde: Cristina ya fue condenada en todas las instancias posibles porque la justicia probó, en diferentes etapas, que parte de la fortuna familiar provino de la corrupción.
Lo de las cuentas mal sacadas y el cambio de fuero es una estrategia de sus abogados para ganar lo único que pueden ganar ahora, y que no es un bien menor: tiempo.
Como tampoco pagaron ninguno de los otros ocho condenados por el caso de la obra pública en Santa Cruz -entre los que están Lázaro Báez y José López, aquel de los bolsos en el convento-, la justicia quedó habilitada a ejecutar los bienes de todos hasta cubrir la suma indicada: 537 millones de dólares.
Unos 60 millones cada uno.
Pregunta: ¿Le pueden ejecutar a Cristina el departamento de San José 1111, donde cumple su prisión domiciliaria? ¿Y entonces, dónde va a seguir presa?
Respuesta: Cristina no tiene suficientes bienes a su nombre y se abre una engorrosa etapa para determinar si los bienes donados (ese departamento es de su hija Florencia, por ejemplo) son decomisables y en qué porcentaje, lo cual podría llevar meses de pericias, dictámenes y apelaciones.
Ya hay presentaciones en el propio tribunal oral y en Casación que, salgan como salgan, serán apeladas por defensores o fiscales. Y que el reloj de arena gire de nuevo.
Al cajero de la ventanilla que espera estos pagos le podrían dar vacaciones.
En la guerra interminable del regateo, la causa que llevó a Cristina a prisión se mete en un pantano jurídico-inmobiliario: ¿A cuánto me tomás el metro cuadrado?
En la ventanilla de al lado, salió un pago para el ciudadano Guillermo Alvarez, alias El Concheto, preso en Devoto por cuatro condenas de robos violentos y asesinatos.
El Concheto -apodado así por provenir de una familia acomodada, dueña de 15 salas de cine- consiguió un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que en uno de sus juicios fue esposado -y que eso lo estigmatizaba-, y que fue condenado a perpetua sin haber podido preparar su defensa.
Detalle uno: Alvarez había echado a su abogado horas antes del comienzo del juicio para ganar tiempo y, cuando fueron a juzgarlo meses después, echó a sus nuevos abogados otra vez. El tribunal resolvió juzgarlo igual con una defensora oficial que conocía la causa.
Detalle dos: el Estado argentino se presentó en la Corte Interamericana en 2021 y se autodeclaró “culpable”. Gobernaban Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
La causa que condena al país se llama Alvarez vs. Argentina. Ganó Alvarez.
