Una migrante que buscaba atención médica en un hospital del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), en Maryland, terminó detenida por agentes de inmigración. Como había presentado en la entrada una licencia de conducir que no cumplía con la normativa de Real ID, los oficiales verificaron sus datos y descubrieron que tenía un pedido de deportación pendiente.
Según publicó The Washington Post, la mujer había ido al Centro Clínico de Bethesda para someterse a un tratamiento médico. Para ingresar al campus, presentó ante el personal de seguridad una licencia de conducir estatal que no cumplía con los estándares federales de identificación exigidos por la norma Real ID.
Por ese motivo, el personal de seguridad verificó sus datos y detectó que existía una orden de deportación en su contra. Así, notificaron al ICE y la mujer fue detenida.
Andrew Nixon, un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas inglés), confirmó el episodio y a través de un comunicado -publicado en el medio citado- agradeció “a la seguridad del NIH por detener a un extranjero ilegal que intentaba ingresar al campus“.
“Como cualquier servicio financiado por los contribuyentes, los ensayos clínicos de los NIH son para personas que residen legalmente en EE.UU., ya sean ciudadanos o aquellos con visas adecuadas que les permitan participar en ensayos clínicos y/o tratamientos en los NIH”, remarcó.
El 7 de mayo de este año entró en vigencia la Ley Real ID en Estados Unidos, que elevó las medidas de seguridad para reducir falsificaciones y restringe el ingreso a edificios federales.
Desde entonces, para acceder a la mayoría de estas instalaciones, se requiere una identificación que cumpla con esos parámetros de seguridad o, en su defecto, un pasaporte u otro documento oficial aceptado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Como la paciente, cuya identidad no se dio a conocer, no llevaba un documento válido, los agentes de seguridad verificaron sus antecedentes y descubrieron que tenía un pedido de deportación pendiente.
Históricamente, hospitales, escuelas, clínicas e iglesias eran considerados espacios protegidos frente a operativos de los agentes de Inmigración. Sin embargo, desde que Donald Trump asumió por segunda vez la presidencia de Estados Unidos, en enero, el Departamento de Seguridad Nacional modificó las normas para las operaciones del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
De este modo, se eliminaron las protecciones en áreas consideradas previamente como zonas seguras para inmigrantes indocumentados. La medida es criticada por grupos defensores de migrantes y expertos en salud, que advirtieron que este tipo de operativos desalientan la búsqueda de atención médica, en especial entre personas indocumentadas.
“Los hospitales y las clínicas deben ser lugares de curación, no de miedo. Este tipo de aplicación de la ley no solo afecta a los pacientes indocumentados. Socava la salud pública para todos”, señaló Matthew Lopas, director de defensa estatal del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, a The Washington Post.
