La cantidad de motos secuestradas por contar con caños de escape deficientes se convirtió, en los últimos tiempos, en una de las infracciones más habituales detectadas por la Dirección de Tránsito.En muchos casos llama la atención el elevado costo de estas piezas, algunas de las cuales son adquiridas incluso en el exterior, principalmente en Brasil.Una vez incautados los rodados, quedan a disposición del Juzgado de Faltas, mientras que el área de Tránsito procede al retiro y posterior destrucción de los escapes antirreglamentarios.Se trata de una modalidad que no es nueva y que desde hace años es aplicada por la mayoría de los municipios del país.En la provincia de Buenos Aires, la Ley Provincial Nº 13.927 —que adhiere a la Ley Nacional Nº 24.449— establece en su artículo 48 que tanto ciclomotores como motocicletas deben contar con silenciador de escape acorde al motor y a la cilindrada del vehículo, tal como lo disponen las condiciones de fábrica.Por su parte, la normativa nacional fija sanciones para quienes generen ruidos molestos mediante caños de escape libres o sin silenciador, al considerar que producen contaminación sonora y afectan la convivencia comunitaria.También existe la Ordenanza Nº 5.818 que prohíbe “causar, producir o estimular ruidos innecesarios o excesivos, emanados de cualquier tipo de vehículos”, que incluye en su texto hasta los decibeles permitidos.En cuanto a las penalidades, la multa por este tipo de infracción se encuadra dentro de la contaminación sonora y oscila entre 100 y 500 Unidades Fijas (UF). Con el valor actual de la UF en $1.807, las sanciones van desde $ 180.700 hasta $ 903.500.Pese al costo económico de la multa y a la pérdida definitiva del escape, la infracción continúa siendo una de las más reiteradas en los operativos de control, generando constantes reclamos por parte de vecinos afectados por los ruidos molestos.

Secuestro y destrucción de escapes antirreglamentarios: a cuánto asciende la multa | FM Avenida
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