Echan a una funcionaria judicial por filtrar datos confidenciales a los presuntos testaferros de un ex gobernador del PJ | FM Avenida

Un escándalo judicial estalló en la causa que investiga por corrupción y presunto enriquecimiento ilícito al ex gobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional del PJ Gustavo Bordet. El fiscal del caso José Arias reveló que una funcionaria judicial filtraba información confidencial del expediente a su padre y su hermano, ambos investigados en la causa contra Bordet y señalados por ser los presuntos testaferros del actual diputado. El fiscal además aseguró que parte de esos datos sensibles llegaron al ex gobernador. Tras las revelaciones del fiscal, Giuliana Flores, que trabajaba en la Unidad Fiscal de Concordia, fue echada y denunciada por “violación de secretos de funcionario público”.Flores había sido traslada hace al menos dos años a la Fiscalía, el mismo lugar donde se desempeña Arias, el fiscal que investiga a Bordet. La mujer estaba a cargo de la mesa de entradas, el lugar por donde ingresan las notificaciones, presentaciones y documentos de todos los expedientes. Su padre, Norberto, y su hermano, Germán, forman parte del círculo más cercano del gobernador y ambos son investigados en el expediente de corrupción que lo tiene como protagonista. Norberto Flores acompaña a Bordet desde los días en que era intendente de Concordia y hoy es asesor de Mariel Ávila en la Legislatura de entre Ríos. Ávila es la esposa de Bordet.Su hermano Germán trabaja con Salvador Carubia, señalado como presunto testaferro de Bordet. Las revelaciones del fiscal Arias se dieron en el marco de una audiencia que había pedido Jorge Romero -el abogado del actual diputado- en la que intentaba recusarlo. Tras escuchar una serie de acusaciones en su contra por presuntos presiones a imputados, el fiscal expuso una serie de audios y mensaje de Whatsapp que Giuliana Flores le enviaba a su padre y a su hermano en los que les contaba los avances e información del expediente. Esos datos los había conseguido, según relató el fiscal, gracias a su trabajo en la fiscalía. “Esta empleada le pasaba datos a su hermano y su padre sobre información concreta de allanamientos que no se habían realizado. Les estaba anticipando la medida”, sostuvo el fiscal en la audiencia.En uno de los audios que mostró el fiscal se escucha que la mujer le cuenta a su padre, implicado en la causa, que pudo ver un oficio con pruebas que complicaban al ex gobernador. “Ella dice que es comerciante, me explicó a mí, ¿viste? Y me explicó que era comerciante y que ella solo estaba contestando un oficio, y llevó una contestación de oficio y en esa contestación de oficio tenía el nombre de Salvi (se refiere a Salvador Carubia, presunto testaferro de Bordet). Y, no sé, como que Bordet le había comprado no sé cuánta cantidad de cosas, mucha plata, mucha plata. Entonces, le mandé a Nano al toque yo, y Nano me dijo ‘no pasa nada”, no sé qué. Así que, bueno, le avisé, yo, de esto a Nano”. Nano es su hermano, también implicado en la causa. El audio es del 20 de mayo, 8 días antes de un allanamiento clave en el expediente.Tras ese mensaje su padre le contesta: “Muy bien. Tenés que tener cuidado con el celular”. Y ella responde: “Sí, borro todo”. Los mensajes, a los que accedió Clarín, salieron de los peritajes a los teléfonos de los acusados que fueron secuestrados en varios allanamientos.Para el fiscal, la mujer que ahora fue echada “era un caballo de Troya de Bordet en la fiscalía”. De hecho, el fiscal aseguró que esa información confidencial luego era enviada por Norberto Flores al teléfono de Bordet. En la audiencia mostró los mensaje de Whatsapp que le enviaba al actual diputado nacional. Por estas revelaciones el fiscal ahora citó a declarar a Flores para que dé explicaciones.En el expediente ya hubo allanamientos en las propiedades y negocios de los presuntos testaferros del ex gobernador y también en las propiedades de Bordet y su esposa. El caso de Entre Ríos es complejo. Otro ex gobernador del peronismo, Sergio Urribarri, está preso luego de que la Corte ratificara el fallo que lo condenó a 8 años de cárcel por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en cinco causas que tramitaron los tribunales provinciales. La condena lleva aparejada, además, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.