Mandan a juicio oral a 9 detenidos por los graves incidentes en el Congreso durante la aprobación de la ley Bases | FM Avenida

La Cámara Federal de Casación Penal, con la intervención unipersonal del juez Gustavo Hornos, declaró este lunes inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Brian Ezequiel Ortiz, acusado por graves hechos de violencia ocurridos durante los graves incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras el Senado debatía la Ley Bases, el 12 de junio de 2024.De esta manera, la defensa no logró revertir el rechazo de la suspensión del juicio a prueba -probation- solicitada para Ortiz y quedó subsistente la decisión que determina que el caso continúe su trámite hacia el juicio oral y público. El fallo es un precedente para los otros 8 procesados por los incidentes.Ortiz fue uno de los detenidos durante la jornada de protestas y disturbios que se desarrolló alrededor del Congreso mientras el Senado trataba la Ley Bases. Hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, lanzamiento de piedras, botellas y otros objetos, vehículos incendiados y vandalizados, efectivos heridos y un amplio operativo policial con gases, balas de goma y camiones hidrantes. En total fueron detenidas 33 personas y nueve de ellas, entre las que se encuentra Ortiz, llegaron a juicio. La abogada de Ortiz es Myriam Elisabet Espinoza.La causa la instruyeron la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli.Unas semanas después de los incidentes, la diputada del FIT Myriam Bregman fue a la cárcel de Ezeiza a ver Roberto María de la Cruz Gómez, otro de los detenidos el 12 de junio en el marco de las manifestaciones que se desarrollaron frente al Congreso de la Nación en protesta a la Ley Bases.En particular, Ortiz está acusado como presunto autor de intimidación pública en concurso ideal con atentado contra la autoridad agravado. De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, el 12 de junio de 2024, alrededor de las 20.50, en la intersección de Rivadavia y Callao, habría agredido mediante golpes de puño y puntapiés al personal policial con el propósito de impedir la liberación de la calzada, suscitar tumultos y ejercer violencia contra funcionarios públicos. Se trata de la hipótesis de la acusación, que deberá ser determinada en el juicio.Ortiz, a quien su defensa identificó como “vendedor ambulante”, sin antecedentes penales, había ofrecido una reparación económica de $250.000 y la realización de tareas comunitarias para obtener la probation. Tanto el Ministerio Público Fiscal como el Senado de la Nación, constituido como querellante, se opusieron a esa salida alternativa.El Tribunal Oral Federal N° 3 rechazó el beneficio y esa decisión fue posteriormente recurrida ante Casación. El 18 de agosto pasado, Hornos rechazó el recurso de casación de la defensa y consideró que las particularidades del episodio justificaban el interés público en que los hechos fueran ventilados en un juicio oral y público. En aquella oportunidad sostuvo que, si bien la libre manifestación y la protesta social constituyen pilares del sistema democrático, su protección constitucional no ampara actos de violencia, daños o intimidación pública.La defensa intentó entonces llevar la discusión ante la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal. Sin embargo, en la resolución dictada este 21 de septiembre, Hornos concluyó que los agravios no lograban demostrar una cuestión federal suficiente ni la arbitrariedad alegada y declaró inadmisible el recurso extraordinario.El magistrado reiteró que el derecho a la protesta social no es absoluto y que su amparo constitucional no legitima actos de violencia, daños o intimidación pública. Finalmente, y en consonancia con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y la querella, resolvió no habilitar la instancia extraordinaria ante la Corte, con costas.De tal modo Ortíz deberá afrontar el juicio oral y público por su presunta intervención en los hechos ocurridos frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases.