Intendentes de todo el país presentaron este martes un petitorio ante el Ministerio de Economía de la Nación en el que exigen la retracción del precio de los combustibles al 1° de marzo y la reactivación de las obras públicas paralizadas. La delegación, que contó con la presencia del intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, estuvo acompañada por los ministros bonaerenses de Gobierno, Carli Bianco; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
El documento fue formalizado en la Mesa de Entrada de la cartera económica por el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, junto al ministro Katopodis. La presentación reclama al Gobierno de Javier Milei la ejecución de las obras públicas que, por ley, deben realizarse con los recursos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos.Según el informe elevado al ministro Luis Caputo, el Estado Nacional acumuló en los últimos dos años y cuatro meses unos 6,1 billones de pesos provenientes de impuestos destinados a infraestructura que no fueron ejecutados. El escrito advierte que, en ese lapso, no hubo inversiones en rutas, mantenimiento ni proyectos para la transformación de vías estratégicas.
El diagnóstico señala que actualmente existen más de 2000 obras paralizadas en todo el territorio nacional, de las cuales más del 50 por ciento se localizan en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, los jefes comunales denunciaron que la Nación adeuda a la provincia más de 23 billones de pesos, cifra que resulta de la sumatoria de deudas directas, la interrupción de programas y la caída en la coparticipación. Según el texto, esta cifra representa el 40 por ciento del superávit primario acumulado por la gestión nacional.El reclamo también pone el foco en la política de combustibles. El documento detalla que, entre noviembre de 2023 y abril de 2026, la nafta registró un incremento del 542,7 por ciento, superando ampliamente la inflación acumulada del 292 por ciento y el alza salarial del 288 por ciento en el sector privado. Con un aumento del 24 por ciento en lo que va del año y una nueva suba prevista para el 1° de mayo, los intendentes advirtieron sobre el impacto directo en la logística, el transporte y la cadena de producción, lo que deriva en un encarecimiento constante de los bienes básicos y golpea el poder adquisitivo de los ciudadanos.
